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Mario Abdo veta ley que incorpora gastos sociales de las binacionales al PGN

20-11-2020, 12:27
Porque modifica la estructura de los anexos y autoriza a las otras partes a actuar de la misma manera, el Ejecutivo tomó la decisión de rechazar totalmente el proyecto de ley que incorpora gastos socioambientales de las binacionales al PGN.
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Finalmente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó la Ley N° 6640/2020 que incorpora los gastos sociales y ambientales de las Binacionales Itaipú y Yacyretá al Presupuesto General de la Nación (PGN).

El anuncio se hizo este viernes en Cancillería. Foto: Gentileza.
El anuncio se hizo este viernes en Cancillería. Foto: Gentileza.

Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, en la conferencia de prensa celebrada este viernes en Cancillería. Con respecto al tema, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo que los Tratados Internacionales están ubicados después de la Constitución Nacional, por encima de las Leyes de la República y expresó que el proyecto de Ley del Congreso va en contra de estos acuerdos internacionales. 

Explicó que al aceptar la toma unilateral de ciertas cuestiones, se está autorizando a la otra parte, como Argentina y Brasil, a hacer lo mismo con otros componentes del anexo, con respecto a las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. 

Recalcó que “este veto se debe a que la ley modifica unilateralmente la estructura de los Anexos, faculta a la otra parte a hacer lo mismo y de esa manera se pierde el concepto de entidad binacional”. 

Aseguró que con esta decisión el Poder Ejecutivo no pretende obstaculizar el acceso a la información a la población. Las autoridades sostienen que a fin de garantizar la transparencia, el mandatario propuso la participación de la Dirección de Contrataciones Públicas en los procesos licitatorios, tras un acuerdo entre la binacional y la institución beneficiada. 

Para ello, desde el Gobierno Nacional manifestaron estar trabajando en una herramienta legal para asegurar la transparencia y el control a los gastos socioambientales, sin atentar contra el tratado y mantener la institucionalidad.

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